Respuesta corta
La deuda con Hacienda prescribe, con carácter general, a los cuatro años (artículo 66 de la Ley General Tributaria), y ese plazo también se aplica cuando la deuda está en fase de embargo, referido al derecho de la Administración a exigir el pago de lo ya liquidado.
El problema práctico es que ese plazo se interrumpe con casi cualquier actuación de recaudación de la que tengas conocimiento:
- la providencia de apremio;
- una diligencia de embargo;
- un requerimiento o una notificación;
- o incluso actos del propio deudor reconociendo la deuda.
Cada interrupción hace que los cuatro años vuelvan a empezar a contar desde cero, por lo que un embargo activo, con actuaciones periódicas, difícilmente prescribe. Para que la prescripción opere realmente, tienen que transcurrir cuatro años completos sin ninguna actuación válida y notificada de Hacienda.
Por eso es clave revisar el expediente de apremio: si detectas un periodo de más de cuatro años de inactividad, o notificaciones mal practicadas que no interrumpieron el plazo, puedes alegar la prescripción y solicitar que se declare extinguida la deuda y se levanten los embargos.
La prescripción se aprecia de oficio, pero en la práctica conviene invocarla expresamente mediante escrito, recurso de reposición o reclamación económico-administrativa.
Dado que el cómputo depende de fechas y notificaciones concretas, y de si estas fueron correctas, es muy recomendable que un abogado analice el expediente completo antes de dar la deuda por prescrita, ya que un cálculo erróneo puede llevar a perder la oportunidad de defenderse o a pagar una deuda ya extinguida.
Revisado el por Xavier Sangenís Lafuente, colegiado n.º 44.798 del ICAB.
Esta respuesta es información general y no sustituye el asesoramiento sobre tu caso concreto.
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